En muchos ayuntamientos ya se ha abierto el plazo voluntario para pagar el Impuesto Municipal sobre Vehículos correspondiente a 2002. La gran diferencia en el precio de las tarifas ha provocado que muchos automovilistas hayan cambiado su lugar de residencia para matricular sus vehículos en municipios con menor presión fiscal, aunque no circulen realmente por ellos. Y es que la diferencia de precios en un vehículo de tipo medio puede llegar a un 263%, o incluso al 313% en el caso de las motocicletas de 500 cc. Así se desprende de un estudio realizado por la organización Automovilistas Europeos Asociados.

Paraísos fiscales
Entre los ayuntamientos más baratos están Ceuta, Melilla, Pamplona, Soria, Zamora y Cáceres. Para pagar menos impuestos muchos automovilistas deciden emigrar hacia estos ‘paraísos fiscales’. En el lado opuesto se encuentran Barcelona, Lleida, Córdoba, Bilbao, Girona y Tarragona. En cambio, municipios como A Coruña, Valencia y Madrid son más moderados con sus precios.

Pero las diferencias entre las tarifas no sólo se encuentran entre municipios de distintas comunidades autónomas, sino también entre poblaciones colindantes de una misma provincia.

Quién emigra
Los que más aprovechan esta diferencia de precios son los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting. Desde que se eliminara el identificativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre de 2000, estos empresarios han iniciado el éxodo a los municipios con menos cargas fiscales.

Tal como señala la AEA en su informe, ’mientras que la media española de matriculaciones de vehículos destinados al ‘rent a car’ ha aumentado un 11% en los dos últimos años, en Cataluña se ha producido una disminución del 40%’. Esto debe su explicación a que las cuatro capitales catalanas están entre los municipios con el impuesto de vehículos más caro de España.

Más de mil millones de euros
El Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica se creo en España hace doce años. Por esto, desde 1990 el automovilista tiene que acreditar el pago de este impuesto tanto para matricular, transferir o dar de baja definitiva un vehículo. En el caso en que no se pague el famoso ‘numerito’ en el plazo voluntario establecido por cada ayuntamiento, se tendrá que abonar un recargo. La ley da libertad a los ayuntamientos para establecer su tarifa, aunque dentro de unos márgenes.

El pago de este impuesto genera unos ingresos anuales de más de 1.000 millones de euros (unos 166.000 millones de pesetas) a las haciendas locales.