Los grupos parlamentarios del PP, PSOE y CIU han propuesto en el Congreso que los conductores que acumulen 15 multas por infracciones leves en el plazo de dos años -CIU propone tres años- tengan que volver a examinarse tras perder la vigencia del permiso de conducir. Entre estas faltas leves, las más frecuentes son las de aparcamiento, incluidas las de la ORA, que según cifras de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) suponen unos diez millones de denuncias anuales en toda España. También entran en la lista circular sin cinturón de seguridad, hablar por teléfono móvil mientras conduces, o no llevar la documentación del vehículo, entre otras.

Hasta ahora, el proyecto de ley presentado por el Gobierno para reformar la Ley de Seguridad Vial sólo contemplaba esta medida para aquellos conductores que en el plazo de dos años hubieran cometido tres infracciones graves -por ejemplo, de exceso de velocidad- o dos muy graves -por ejemplo, de alcoholemia-.

Cinco millones de conductores
Esta decisión ha provocado la alarma entre las asociaciones de defensa de los conductores ya que podría afectar a unos cinco millones de conductores -uno de cada cuatro-, según datos de AEA. Esta cifra se obtiene teniendo en cuenta el déficit de plazas de estacionamiento que existen en nuestras ciudades y la amplia implantación que tienen los sistemas de regulación del aparcamiento. Para más inri, la medida propuesta no tiene precedente en ningún país de la Unión Europea, ni siquiera en Francia, Alemania o el Reino Unido dónde está vigente el carné por puntos. Tampoco en Portugal, de dónde el Gobierno ha tomado el modelo para 'reciclar' a los conductores infractores.

Medida recaudatoria
Según Mario Arnaldo, presidente de AEA, 'esta medida supone una vuelta de tuerca más a las medidas recaudatorias ya aprobadas en 1997 por el Parlamento con la imposición de sanciones a quienes no pagaban el ticket de la ORA y la retirada de los vehículos por la grúa. Ahora, lo que se pretende es quitar definitivamente el carné a los conductores no por razones de peligrosidad o de seguridad vial, sino por razones puramente recaudatorias: al que no pague por estacionar en la calle se le quita el carné y punto'.

Debido a que las leyes sólo las pueden recurrir el Defensor del Pueblo, los grupos parlamentarios y las Comunidades Autónomas, la AEA se ha limitado a solicitar la retirada de dichas enmiendas. Si no se lleva a cabo esta petición, el Congreso podría dar el visto bueno a esta iniciativa a finales de este mes. En definitiva, podríamos tener una nueva Ley de Seguridad Vial lista para aplicarse a partir del próximo mes de junio.